En un contexto de ámbito nacional en el que la generación de residuos es constante y progresiva y en el que la actividad económica ligada a ellos no para de crecer, España se vio obligada a revisar la legislación sobre lo que se consideran residuos y lo que no, y su correspondiente tratamiento. La ley que aborda esta cuestión es la 22/2011 de 28 de julio, y a continuación te mostramos sus aspectos fundamentales.
18 de diciembre de 2015
Los puntos básicos sobre los que pretende actuar la ley es la protección de la salud humana y del medio ambiente, con el fin de preservar la biodiversidad por los años venideros. También establece el orden de actuación en la política de residuos industriales, que será el siguiente: prevención, preparación para el tratamiento y eliminación de residuos. La planificación de la gestión de los residuos es otro de los puntos clave así como la regulación jurídica de los suelos afectados por los residuos contaminantes.
El ámbito de aplicación de esta ley afecta a todos los residuos industriales. No obstante, están excluidos las emisiones a la atmósfera, los residuos radiactivos, los desechos de explotaciones agrícolas y ganaderas -como excrementos-, aguas residuales o los desechos provocados por las explotaciones de extracción recursos minerales.
En cuanto a las actuaciones que han de ejecutarse, establece que la Administración tome una serie de medidas adecuadas, como la creación y potenciación de instalaciones destinadas a eliminar los residuos. La ley garantiza el derecho de acceso a la información en cuanto a residuos se refiere, así como la publicación mínima anual de un informe sobre la situación de la gestión de residuos. Todo esto deberá ajustarse a los objetivos mínimos que marca la ley sobre la reducción en la generación de residuos. La administración también se encargará del traslado de los residuos, que podrá ser a países ajenos a la Unión Europea como establece la Ley.
El texto jurídico señala que los gastos derivados de las actividades contaminantes por residuos industriales deberán correr a cargo de quien los genere, siguiendo la máxima de quien contamina lo paga.
Se hace especial hincapié en la obligación de ejercer un acto de responsabilidad sobre los residuos, para asegurar el cumplimiento de las normas que garantice la vigilancia, el control y el acatamiento de sanciones si no se cumplen las normas de la Ley, lo que hace necesario las inspecciones periódicas para controlar la actividad residual.
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Fuente: La Universitat de Valencia y el BOE
Imágenes: ambeco