La Generalitat Valenciana a través de la reciente Ley 21/2017, de 28 de
diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de
organización de la Generalitat, pretende castigar el depósito de residuos en
vertederos, así como la incineración, coincineración sin valorización de energía y
valoración energética de los mismos, mediante la imposición de una importante tasa.
Al margen de la importante recaudación económica que esta medida pueda
suponer para las arcas públicas, desde la Administración se justifica la misma porque
la finalidad última es la de fomentar el reciclaje y la valorización de la mayor cantidad
posible de residuos, disminuyendo así el impacto sobre el medio ambiente derivado de
su eliminación a través del vertido o la incineración.
Para considerar estos objetivos, la norma dicta diferentes cuotas o gravámenes
en función de la tipología del residuo y su destino final.
Así pues, en el caso de los residuos peligrosos, el gravamen planteado es de
hasta 42 €/Tm cuando éstos sean susceptibles de valorización, es decir, que se
puedan reciclar o destinar a otro fin o uso. En el supuesto de aquellos residuos
peligrosos que no sean susceptibles de valorización el importe será de 35 €/Tm.
Respecto a los residuos no peligrosos, aquellos que sean susceptibles de
valoración les será de aplicación una tasa de 30 €/Tm, mientras que para los que no
sean susceptibles de valorización el importe se verá reducido hasta los 25 €/Tm.
Tratamiento diferente tendrán los residuos procedentes de la construcción y
demolición (RCDs), ya que para estos materiales el pago será sólo de 3 €/Tm.
La aplicación de esta norma en lo que respecta a los residuos con destino a
vertedero entró en vigor el pasado 1 de enero de 2018, mientras que para los
residuos cuyo destino sea la incineración, coincineración sin valorización de
energía y la valorización energética las tasas comenzarán a devengarse a partir
del próximo 1 de julio de 2018.
